La moderación de contenidos es compleja, difícil y, francamente, agotadora. El ejemplo más reciente es el de Spotify y su decisión de mantener al controvertido presentador de podcasts, Joe Rogan, por encima de otros creadores. No hay duda de que Spotify tiene derecho a determinar a quién alojar, beneficiarse o rechazar de su plataforma; lo que es preocupante, sin embargo, es que Spotify abdique de su responsabilidad ética ante sus usuarios para tomar tales decisiones de forma transparente y coherente.

Empecemos por el principio.

En lo que ya es un caso ampliamente difundido,Neil Young exigió la retirada de su catálogo de Spotify como forma de protesta por el acuerdo de Spotify para ser la plataforma exclusiva del popularísimo podcast de Spotify para ser la plataforma exclusiva del podcast The Joe Rogan Experience, alegando que el podcast difunde información errónea sobre la vacuna COVID-19. Poco después, otros músicos como Joni Mitchell, India Arie y Nils Lofgren también pidieron que sus contenidos fueran removidos. La psicóloga social más vendida, Brene Brown, se negó inicialmente a grabar nuevos podcasts, pero recientemente returned aludiendo a "pocas opciones". Incluso la Casa Blanca intervino. Todo esto siguió a una carta abierta el mes pasado a Spotify de 270 expertos en salud de Estados Unidos que expresaban su preocupación por la desinformación médica en The Joe Rogan Experience, calificándola de "amenaza a la salud pública."

La respuesta de Spotify ha sido doble. En primer lugar, Daniel Ek, su director general, publicó un blog donde se comprometía a "hacer más para proporcionar más equilibrio y acceso a la información ampliamente aceptada de las comunidades médica y científica". Y, en segundo lugar, Spotify anunció además que los podcasts en los que se hable del virus COVID-19 vendrán ahora con content advisories. Esto parece ser un esfuerzo de Spotify para asegurarse de que el pequeño movimiento que inició Neil Young no se extienda a artists that are more popular (and more important) para Spotify como Taylor Swift, Bad Bunny o BTS.

Pero, aunque esta estrategia consiga frenar un éxodo mayor y más perjudicial de Spotify, ninguna de estas acciones aborda en última instancia el problema subyacente de Spotify: un entorno político desordenado e incoherente que parece privilegiar a unos creadores sobre otros.

En su post Ek declaró: "Sabemos que tenemos un papel fundamental en el apoyo a la expresión de los creadores, al tiempo que lo equilibramos con la seguridad de nuestros usuarios. En ese papel, es importante para mí que no asumamos la posición de ser censores de contenidos y que al mismo tiempo nos aseguremos de que haya normas y consecuencias para quienes las infrinjan."

Hay dos cuestiones, bastante separadas, que merecen ser aclaradas.

La primera es que Spotify, como cualquier otra empresa privada, no está obligada a proporcionar una plataforma a nadie; tiene derecho a decidir qué contenidos aloja, de qué contenidos se beneficia y qué contenidos no acepta.

Spotify, como casi todas las empresas que alojan contenidos, toma decisiones curatoriales como estas todo el tiempo. Por ejemplo, en 2018, Spotify aplicó lo que se conoce como la "regla de R. Kelly", instituyendo una política para prohibir o enterrar la música o los artistas que consideraba odiosos, para luego dar marcha atrás. Además, durante el verano de 2021, Spotify retiró hasta 750.000 canciones de artistas independientes sin más explicación que la de que aparentemente habían violado su política de aumentar artificialmente el número de reproducciones. Sin embargo, según la revista Rolling Stone, "la abrupta eliminación expone un doble rasero en la política de Spotify", teniendo en cuenta que, en enero de 2020, Justin Bieber pidió a sus fans que ayudaran a impulsar artificialmente su canción "Yummy" "poniéndola en bucle o descargando VPNs". Sin embargo, Justin Bieber no fue expulsado de la plataforma ni su música fue retirada.

Ahí está el quid del problema. Spotify y otras plataformas tienen un doble rasero para los creadores de contenidos. Incluso ahora que Spotify ha respondido a las preocupaciones de los profesionales médicos y de los artistas publicando su Platform Rules sobre "información médica engañosa", no nos ha dado ninguna razón para creer que estas normas no se aplicarán de forma discriminatoria y se harán cumplir en función del artista que las reciba. Si el artista es popular, como Justin Bieber, o directamente rentable, como Joe Rogan, puede que las normas no se apliquen; pero, si el artista es alguien que no es tan popular, las políticas de Spotify se aplicarán, y se aplicarán, más rápido que un abrir y cerrar de ojos.

Tanto si hablamos de normas legales aplicadas por los gobiernos como de políticas corporativas, un requisito primordial es que sean predecibles, coherentes, necesarias y proporcionadas, si quieren reflejar las normas básicas de transparencia y responsabilidad. Esto es lo mínimo que cualquier ciudadano que participe en la vida social o, cualquier usuario que participe en el entorno online, debería poder esperar. En su ausencia, los ciudadanos se enfrentan a grandes dificultades para expresarse y compartir su arte de forma eficaz.

Al igual que otras plataformas Spotify fomenta un entorno de ciudadanos de segunda clase contra los que sus políticas de contenido se aplican de forma más estricta. Los creadores de contenidos no reciben el mismo trato, como demuestra claramente este último caso. Los artistas no deberían tener que montar una protesta para conseguir el mínimo de transparencia y responsabilidad. Es responsabilidad de Spotify mantener políticas que permitan a los creadores de contenidos comprender el entorno en el que van a entrar, las normas que rigen su participación y la forma en que se aplican estas normas.