En preparación para lo que pueden ser los últimos días del juicio de Ola Bini, un desarrollador de software libre y de código abierto detenido poco después de la expulsión de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, las organizaciones de la sociedad civil que observan el caso han emitido un informe en el que citan las violaciones del debido proceso, las debilidades técnicas, las presiones políticas y los riesgos que esta persecución penal conlleva para la protección de los derechos digitales. Bini fue detenido inicialmente hace tres años y etapas anteriores de su persecución penal tuvieron importantes retrasos que fueron criticados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una conferencia de prensa en línea está programada para el 11 de mayo, con EFF y  otras organizaciones que hablarán sobre las violaciones en el enjuiciamiento de Bini y el peligro que este caso representa. La vista del juicio está fijada del 16 al 20 de mayo, y lo más probable es que concluya la próxima semana. Si se le condena, la defensa de Bini aún puede apelar la decisión.

Lo que ha sucedido hasta ahora

La primera parte de la audiencia de juicio contra Ola Bini tuvo lugar en enero. En esta primera fase de testimonios y pruebas periciales, el tribunal llamó repetidamente la atención sobre diversas irregularidades y violaciones del debido proceso por parte del fiscal encargado. Los grupos de derechos humanos que observaron la audiencia  hicieron hincapié en las endebles pruebas aportadas contra Bini y en los graves fallos en la forma en que se produjo la incautación de sus dispositivos. La defensa de Bini subrayó que la redada se produjo sin que él estuviera presente, y que los dispositivos cifrados incautados se examinaron sin seguir las normas y garantías procesales. 

Estos no son los únicos problemas del caso. Hace más de dos años, la EFF visitó Ecuador en una misión de investigación tras el arresto y la detención inicial de Bini. Lo que encontramos fue un caso profundamente entrelazado con los efectos políticos de su resultado, plagado de violaciones del debido proceso. Las conclusiones de la EFF de nuestra misión en Ecuador fueron que los actores políticos, incluida la fiscalía, han vinculado imprudentemente su reputación a un caso con controvertidas  o ninguna prueba real. 

Ola Bini es conocido en todo el mundo como alguien que crea herramientas seguras y contribuye a proyectos de software libre. El equipo de Bini en ThoughtWorks contribuyó a Certbot, la herramienta gestionada por la EFF que ha proporcionado un fuerte cifrado a millones de sitios web de todo el mundo, y más recientemente, Bini cofundó una organización sin ánimo de lucro dedicada a producir herramientas de seguridad fáciles de usar.

Sin embargo, por lo que no es conocido Bini es por realizar el tipo de investigación de seguridad que podría confundirse con un "atentado contra la integridad de los sistemas informáticos", el delito por el que se le investigó inicialmente, o con un "acceso no autorizado a un sistema informático", el delito por el que se le acusa ahora (después de que los fiscales cambiaran los cargos). En 2019, los abogados de Bini contabilizaron 65 violaciones de las garantías procesales, y los periodistas nos dijeron entonces que nadie era capaz de proporcionarles descripciones concretas de lo que había hecho. El encarcelamiento inicial de Bini terminó tras una decisión que consideraba ilegal su detención, pero la investigación continuó. Más tarde, la jueza fue "separada" del caso en una resolución que admitía la ilegalidad de las sucesivas suspensiones preventivas y la violación del debido proceso.

Aunque la jueza decidió en la audiencia previa al juicio del año pasado seguir adelante con el proceso penal contra Bini, los observadores indicaron una falta de motivación sólida en la decisión de la jueza. 

Una nueva persecución

Una de las supuestas pruebas contra Bini era una foto de una captura de pantalla, supuestamente tomada por el propio Bini y enviada a un colega, que mostraba la pantalla de acceso a telnet de un router. La imagen es consistente con alguien que se conecta a un servicio de telnet abierto, recibe una advertencia de no iniciar sesión sin autorización y no procede, respetando la advertencia. En cuanto a la parte de un intercambio de mensajes atribuida a Bini y a un colega, filtrada con la foto, muestra su preocupación por el hecho de que el router esté abierto de forma insegura al acceso telnet en la Internet más amplia, sin cortafuegos.

Entre la audiencia de juicio en enero y su reanudación en mayo, la Fiscalía de Ecuador reactivó una investigación contra Fabián Hurtado, el perito técnico llamado por la defensa de Ola Bini para refutar la imagen de la sesión de telnet y que se espera que declare en la audiencia de juicio. 

El 10 de enero de 2022, la Fiscalía presentó cargos por fraude procesal contra Hurtado. Hubo un llamativo desfase entre esta acusación y la última diligencia de investigación de los fiscales en la causa contra Hurtado, cuando la policía allanó su domicilio casi 20 meses antes, , alegando que había "incorporado información engañosa en su currículum". Este allanamiento fue violento e irregular, y considerado por Amnistía Internacional como un intento de intimidar a la defensa de Ola Bini. Una de las pruebas contra Hurtado es el documento por el cual el abogado de Bini, el Dr. Carlos Soria, incluyó el informe técnico de Hurtado en el expediente de Bini.

La audiencia de imputación de Hurtado se celebró el 9 de febrero de 2022. La jueza abrió un período de investigación de 90 días que está a punto de terminar. En el marco de esta investigación, la fiscalía y la policía allanaron las oficinas de la organización sin fines de lucro de Ola Bini, en un nuevo episodio de violaciones al debido proceso, según los medios de comunicación.

Informe y recomendaciones de la sociedad civil 

El informe de hoy, por parte de las organizaciones que se unieron a la Misión de Observación  del caso de Bini, es fundamental para todos los participantes y para otras personas preocupadas por los derechos digitales en todo el mundo. Todavía hay tiempo para que el tribunal reconozca y corrija las irregularidades y debilidades técnicas del caso. El informe señala puntos clave que deberían ser tenidos en cuenta por las autoridades judiciales encargadas de examinar el caso.

En particular, señala el informe, las acusaciones no han podido demostrar un caso consistente contra Ola Bini. Las irregularidades en los procedimientos judiciales y en la actuación policial han afectado tanto a la rapidez del procedimiento como a las garantías procesales en general. Además, las acusaciones contra Bini demuestran poco conocimiento técnico, y podrían llevar a la criminalización de personas que realizan actividades legítimas protegidas por las normas internacionales de derechos humanos. Este caso puede llevar a una mayor persecución de la llamada "comunidad infosec" en América Latina, que está formada principalmente por activistas de seguridad que encuentran vulnerabilidades en los sistemas informáticos, efectuando un trabajo que tiene un impacto positivo en la sociedad en general. El intento de criminalizar a Ola Bini ya muestra un escenario hostil para estos activistas y, en consecuencia, para la salvaguarda de nuestros derechos en el entorno digital.

Además, estos activistas deben tener garantizado el derecho a utilizar las herramientas necesarias para su trabajo; por ejemplo, debe respetarse la importancia del anonimato en línea como premisa para el ejercicio de varios derechos humanos, como la privacidad y la libertad de expresión. Este derecho está protegido por las normas internacionales de Derechos Humanos, que reconocen el uso de la encriptación (incluyendo herramientas como Tor) como fundamental para el ejercicio de estos derechos.

Estos investigadores y activistas protegen los sistemas informáticos de los que todos dependemos, y protegen a las personas que han incorporado los dispositivos electrónicos a su vida cotidiana, como los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los activistas, entre otros muchos actores clave para la vitalidad democrática. Ola Bini, y otros que trabajan sobre el terreno, deben ser protegidos, no perseguidos.