Bini accediendo a un servicio telnet abierto y disponible al público: un acto que es, en sí mismo, totalmente legal bajo cualquier interpretación razonable de la ley.
El súbito intercambio de cargos en el último momento no es más que el colofón de una acusación políticamente cargada y técnicamente confusa. No debería sorprender, entonces, que Amnistía Internacional esta semana publicara una declaración denunciando el trato de Ecuador a Bini. La organización, dedicada a la protección de los derechos humanos en todo el mundo, determinó que el Estado ecuatoriano no cumplió con sus obligaciones en virtud del derecho internacional durante el arresto de Bini y su posterior detención. Además de este pronunciamiento, Amnistía también ha expresado su profunda preocupación ante la posibilidad de que la injerencia política ponga en peligro las posibilidades de un juicio justo, preocupaciones que también ha planteado EFF
El súbito intercambio de cargos en el último momento no es más que el colofón de una acusación políticamente cargada y técnicamente confusa.
meses antes. No fue acusado públicamente durante un tiempo, y las "pruebas" incautadas en su casa, usadas para demostrar su culpabilidad a la prensa, eran una colección de dispositivos bastante comunes para alguien que trabajaba en su campo: discos USB, manuales técnicos y claves de autenticación de dos factores. La fiscalía, después de suplicar al juez que extendiera su período de investigación, se pasó, tardíamente, a construir un caso basado en - a juzgar por las filtraciones a los medios de comunicación ecuatorianos - un comportamiento inocuo común a cualquier tecnólogo en seguridad de la información.
Nuestra delegación determinó, después de casi una semana de entrevistas con expertos legales en Ecuador, que el procesamiento de Bini es un caso político, no criminal. La investigación estaba profunda y peligrosamente entrelazada con los efectos políticos de su resultado, lo que nos llevó a insistir en que los actores políticos de todas las partes se apartaran del caso.
Después de realizar su propio análisis, Amnistía ha llegado a una conclusión similar. En su declaración, la organización escribe que Ecuador violó el debido proceso en su detención arbitraria de Bini durante 70 días, y además, el gobierno ha perjudicado potencialmente sus posibilidades de un juicio justo al hacer declaraciones públicas sobre su culpabilidad antes de que concluyeran los procedimientos del juicio. De hecho, el equipo de defensa de Bini ha contado 65 violaciones del debido proceso en general. El propio tribunal reconoció el carácter ilegal y arbitrario de la detención inicial de Bini, que lo liberó por habeus corpus, pero el gobierno ecuatoriano se ha mantenido firme en su afirmación de su culpabilidad.
A Amnistía le preocupa que este uso indebido del sistema de justicia penal contra defensores de los derechos humanos como Bini, que ha trabajado durante años para promover y proteger la seguridad para todos, pueda crear un entorno intimidatorio para otras personas que se dedican a este tipo de trabajo.
A lo largo de los años, a través del trabajo de EFF en la protección de los[derechos de los codificadores] (https://www.eff.org/issues/coders), y además de nuestro enfoque global en los tecnólogos y bloggers que fueron detenidos o desconectados, sabemos que los fiscales con intenciones políticas o de otro tipo a menudo retratan a los codificadores y a los profesionales de la seguridad como peligrosos genios informáticos, con el objetivo de desdibujar sus actividades y de crear pánico en el ámbito de las tecnologías. Pero como dijo la directora adjunta de Amnistía para América, Fernanda Doz Costa: "Los ataques contra los defensores de los derechos humanos a menudo quedan impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellos se investigan inmediatamente".
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