La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha dado un paso crucial para evitar una catástrofe de derechos humanos, al solicitar a la Corte Suprema de México que evalúe la constitucionalidad de la ley mexicana de derechos de autor: La Comisión declaró que la ley contiene "posibles violaciones a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, a la libertad de comercio o trabajo y a derechos culturales, entre otras prerrogativas".
El mes pasado, México promulgó una nueva terrible ley de derechos de autor, que duplicaba los peores aspectos del sistema de derechos de autor de los Estados Unidos sin siquiera incluir sus (en gran medida inadecuadas) protecciones. La nueva ley mexicana - aprobada como parte del Acuerdo entre EE.UU., Canadá y México (USMCA) de Donald Trump - es peligrosa para los derechos humanos de los mexicanos y pone a las empresas mexicanas en una permanente y estructural desventaja en relación con las empresas de EE.UU. y Canadá.
Como explicamos en detalle, la ley tiene amplios impactos en los derechos humanos de los mexicanos: desde la libre expresión hasta la ciberseguridad; desde la discapacidad, la educación, la salud y la reparación hasta la soberanía nacional (puede descargar todo nuestro análisis aquí).
EFF se enorgullece de estar junto a las muchas organizaciones de la sociedad civil mexicana, incluyendo R3D y Derechos Digitales, y con los miles de mexicanos que exigieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevara la ley ante la Suprema Corte de Justicia en base a su flagrante inconstitucionalidad. Después de todo, las protecciones de la libertad de expresión en México se encuentran entre las más fuertes del mundo, y estas protecciones fueron rotundamente ignoradas durante la redacción de la nueva ley.
Nos alegra mucho saber que la Comisión ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que revoque esta ley.
Sin embargo, este proceso de revisión judicial puede llevar años, y cada día que esta ley está en vigor, crea un daño real para el pueblo y la industria mexicanos: presionando a las empresas para que apliquen filtros de voz automatizados, exponiendo a los usuarios de Internet al peligro de que se les "doxie" por hablar, interfiriendo en la reparación de equipos médicos y agrícolas e impidiendo que las personas con discapacidades adapten la tecnología de la que dependen.
Debido a estos daños reales y continuos, pedimos a la Corte Suprema de Justicia que suspenda esta ley hasta que se pronuncie. El pueblo mexicano no puede permitirse el lujo de esperar años para que sus derechos humanos digitales sean reconocidos.
(Nuestro agradecimiento a Luis Fernando García Muñoz de R3D por su traducción de la cita del comunicado de prensa de la Comisión, arriba)
