El post ha sido escrito por Laura Vidal (PhD), investigadora independiente en aprendizaje y derechos digitales.

Esta es la segunda parte de una serie. La primera parte, sobre vigilancia y control en torno a las elecciones de julio, está aquí.

Durante la última década, el gobierno de Venezuela ha construido meticulosamente un entramado de vigilancia y represión, que ha sido denunciado en repetidas ocasiones por la sociedad civil y los defensores de los derechos digitales en el país. Este aparato se basa en la restricción del acceso a la información, la censura, el acoso a periodistas y el cierre de medios de comunicación. El uso sistemático de tecnologías de vigilancia ha creado una intrincada red de control.

Las fuerzas de seguridad han recurrido cada vez más a herramientas digitales para vigilar a los ciudadanos, deteniendo con frecuencia a personas para comprobar el contenido de sus teléfonos y reteniendo a aquellas cuyos dispositivos contienen material antigubernamental. Los sistemas de identificación digital del país, Carnet de la Patria y Sistema Patria -establecidos en 2016 y vinculados a programas de bienestar social- también han sido utilizados como armas contra la población al vincular el acceso a servicios esenciales con la afiliación al partido gobernante.

La censura y el filtrado de Internet en Venezuela se hicieron omnipresentes antes del reciente periodo electoral. El gobierno bloqueó el acceso a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos e incluso VPN, restringiendo el acceso a información crítica. Las plataformas de redes sociales como X (antes Twitter) y WhatsApp también fueron blanco de ataques -y se espera que sean reguladas-, ay que el gobierno acusa a estas plataformas de ayudar a las fuerzas de la oposición a organizar un "golpe de Estado fascista" y de difundir el "odio" mientras promueven una "guerra civil".

El bloqueo de estas plataformas no solamente limita la libertad de expresión, sino que también sirve para aislar a los venezolanos de la comunidad global y de sus redes en la diáspora, una comunidad de alrededor de 9 millones de personas. La retórica del gobierno, que califica la disidencia de "ciberfascismo" o "terrorismo", forma parte de una narrativa más amplia que pretende justificar estas medidas represivas mientras mantiene una amenaza constante de censura, sofocando aún más la disidencia.

Además, cada vez preocupa más la posibilidad de que la estrategia del gobierno se amplíe a cierres de redes sociales y plataformas de comunicación si las protestas callejeras se vuelven más difíciles de controlar, lo que pone de relieve hasta qué punto está dispuesto a llegar el régimen para mantener su control del poder.

El miedo es otra poderosa herramienta que aumenta la eficacia del control gubernamental. Acciones como las detenciones masivas, a menudo retransmitidas por Internet, y la exhibición pública de los detenidos crean un efecto amedrentador que silencia la disidencia y fractura el tejido social. La coerción económica, combinada con la vigilancia generalizada, fomenta la desconfianza y el aislamiento, rompiendo las redes de comunicación y confianza que ayudan a los venezolanos a acceder a la información y a organizarse.

Esta estrategia deliberada pretende no solamente suprimir la oposición, sino desmantelar las propias conexiones que permiten a los ciudadanos compartir información y movilizarse para protestar. El miedo resultante, agravado por la dificultad para percibir el alcance total de la represión digital, profundiza la autocensura y el aislamiento. Esto dificulta la defensa de los derechos humanos y la obtención de apoyo internacional contra las prácticas autoritarias del gobierno.

Respuesta de la sociedad civil

A pesar del entorno represivo, la sociedad civil venezolana sigue resistiendo. Iniciativas como Noticias Sin Filtro y El Bus TV han surgido como formas creativas de eludir la censura y mantener informado al público. Estos esfuerzos, junto con las campañas educativas sobre seguridad digital y el uso innovador de la inteligencia artificial para difundir información verificada, demuestran la resistencia de los venezolanos frente al autoritarismo. Sin embargo, los retos siguen siendo amplios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Relatoría) han condenado la violencia institucional que se vive en Venezuela, calificándola de terrorismo de Estado. Para poder comprender el alcance de esta crisis es primordial entender que esta represión no es sólo una serie de acciones aisladas sino un esfuerzo integral y sistemático que se ha venido construyendo por más de 15 años. Combina elementos de infraestructura (manteniendo los servicios esenciales apenas funcionales), bloqueo de los medios de comunicación independientes, vigilancia generalizada, alarmismo, aislamiento y estrategias legislativas diseñadas para cerrar el espacio cívico. Con la reciente aprobación de una ley destinada a restringir severamente el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, el espacio cívico en Venezuela se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha.

El hecho de que esta represión se produzca en medio de violaciones generalizadas de los derechos humanos sugiere que los próximos pasos del gobierno pueden implicar una represión aún más dura. El brazo digital de la propaganda gubernamental llega mucho más allá de las fronteras de Venezuela, intentando silenciar las voces en el extranjero y aislar al país de la comunidad mundial.

La situación en Venezuela es grave, y el uso de la tecnología para facilitar la violencia política representa una amenaza significativa para los derechos humanos y las normas democráticas. Mientras el gobierno sigue endureciendo su control, la comunidad internacional debe alzar la voz contra estos abusos y apoyar los esfuerzos para proteger los derechos y libertades digitales. El caso venezolano no es sólo una cuestión nacional, sino mundial, que ilustra los peligros del poder estatal sin control en la era digital.

Sin embargo, este caso también constituye una oportunidad de aprendizaje fundamental para la comunidad mundial. Pone de relieve los riesgos del autoritarismo digital y el modo en que los gobiernos pueden influirse mutuamente y reforzar sus estrategias represivas. Al mismo tiempo, subraya la importancia de una sociedad civil organizada y resistente -a pesar de tantos desafíos-, así como el poder de una red de actores comprometidos tanto dentro como fuera del país.

Estos esfuerzos colectivos ofrecen oportunidades para resistir a la opresión, compartir conocimientos y fomentar la solidaridad más allá de las fronteras. Las lecciones aprendidas de Venezuela deberían servir de base a las estrategias mundiales para salvaguardar los derechos humanos y contrarrestar la propagación de prácticas autoritarias en la era digital.

Access Now ha publicado una carta abierta, organizada por un grupo de defensores de los derechos humanos y digitales venezolanos, en la que se pide que se ponga fin a la violencia política en Venezuela propiciada por la tecnología.